La abogada feminista (y II)

El objetivo de la abogada feminista –muyahidín violeta del feminismo radical– es criminalizar los procesos de divorcio que caen en sus manos para que se sustancien por vía penal

La abogada feminista (y II)

Bueno, pues lo prometido es deuda. Continúo contándoles las andanzas de ese siniestro personaje de la fauna judicial que es la abogada feminista. Un ejemplar singular, pero representante de una clase que como el camaleón tiene mil caras; que prolifera en los juzgados –y en las instituciones y en los medios de comunicación de masas– como parte de la trama político-militar del invento.

O sea, el lobby feminazi incrustado en el sistema político y en la sociedad civil. Con su variado surtido de ministerios, oenegés, federaciones, asociaciones, observatorios, miradores, atalayas y chiringuitos varios –nacidos al calor de la ley de medidas contra la violencia ‘machista’, como los gusanos crecen en la carroña–, y su amplísimo pesebre en forma de subvenciones, cargos y mamandurrias amasados con abundante dinero público, que para eso no es de nadie, como tan acertadamente nos explicó Carmen Calvo: la incombustible dirigente socialista –hoy triministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, además de vicepresidenta de Gobierno en funciones–, y entonces ministra de Cultura, para más inri. «Manejamos dinero público y el dinero público no es de nadie» –dijo de un tirón, la tía– Con dos ovarios. Una frase que debería figurar en letras de oro en los frontispicios de todos los edificios públicos de España. Empezando por el palacio del Congreso; junto a los leones, claro. Qué nivel, doña Carmen.

El objetivo de nuestra abogada feminista –muyahidín violeta del feminismo radical– es criminalizar los procesos de divorcio que caen en sus manos para que se sustancien por vía penal. Leña al mono que es de goma. Y el medio utilizado no podía ser otro que la ley de medidas contra la violencia de género y génera, buque insignia de las doctrinas feministas, que, por encima de todo, es un proyecto ideológico, dentro de uno más amplio de ingeniería social que pretende el cambio radical de la sociedad, aniquilando la familia y su sistema de valores. Por eso, es demencial que el Pesóe por boca de la muy egabrense y feminista Carmen Calvo –no bonita, no– mienta con tanto desparpajo diciendo que tales doctrinas «no son cuestión de ideología».

Bien es verdad que, en contra de sus votantes, el Pepé hace muchísimo tiempo que renunció a los principios y valores (si alguna vez lo hizo); o mejor dicho, los delegó en la izquierda, a quien implícitamente reconoce depositaria de las esencias democráticas. Nada de política. Ellos, si acaso, se limitarán a la cuestión económica. A gestionar los asuntos públicos y tal. Ya saben, la gestión de la parte contratante de la primera parte contratante. O sea, que no cambiarán ni una coma de las nefastas leyes que aprobaron junto a gobiernos socialistas. Como las execrables leyes de memoria histórica y de medidas contra la violencia «de género». O LGTBI. O del aborto. O la inminente ley de eutanasia, etcétera. Y si no, ahí está Pablo Rajoy Casado para corroborarlo.

Pero así son las cosas. Otra vez la España negra del Santo Oficio, la delación y la puñalada trapera: 400 hombres víctimas de denuncias –falsas en su mayoría, por eso son víctimas– entran al trullo cada día sin más trámite que la palabra de sus santas: 17 cada hora del día. O sea, 150.000 varones al año pasan por el talego. Más de dos millones desde que entró en vigor, hace 14 años, la ley integral de medidas, etcétera. Absueltos en su inmensa mayoría después del correspondiente juicio sumarísimo –procedimiento urgente lo llaman, en plan sutil perífrasis–. Pero el daño brutal, irreparable, ya está hecho.

Criminalizado y arrastrado socialmente el varón por su simple condición sexual, todavía la abogada feminista de marras, impasible el ademán, tiene la jeta de seguir afirmando – mientras el juez escucha extasiado el canto de los mirlos– que el pringao de turno es un machista y un maltratador de tomo y lomo. Y hasta un violador y un depravado pederasta, si se tercia. Lo que pasa es que no se ha podido probar, sigue mintiendo la tía sin recato, impunemente, que para eso es una profesional del derecho amparada por la LIVG. Este es su peculiar concepto de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Saca tarjeta roja al maltratador, rompe el silencio, tolerancia cero, eres libre, vive, actúa, yo también soy Juana, denúncialo… OTAN no, bases fuera. O sea. Y se queda tan fresca, la arpía: toma estado de derecho, presunción de inocencia, igualdad y garantías jurídicas María de la Encarnación Adoración del Hijo de Dios.

Y al fondo, como coartada, las mujeres asesinadas por sus parejas masculinas. Es cierto que unos cuantos perturbados, enloquecidos –o grandísimos hijos de puta, que también los hay– matan a sus mujeres. Como otros –y otras, aunque se silencie absolutamente– tan hijos de puta como los anteriores matan a sus maridos, hijos, vecinos, hermanos y hasta la madre que los parió por odio, celos, una linde, la herencia del abuelo o una discusión de tráfico. O por puro y simple instinto bestial. Por una apuesta, como los asesinos del roll. Criminales abyectos cualquiera que sea su sexo cuyas conductas –que no sus autores, ojo al dato–, están tipificadas y castigadas en el código penal. Desde lo de Puerto Hurraco, a los asesinos del roll o la katana. Desde las asesinas de sus hijos a las de abuelos en un geriátrico. Desde la dulce Neus, a los asesinos de Marta del Castillo, Mari Luz, Sandra Palo o Diana Quer, etcétera. Eternas miserias de la infame condición humana.

Pero esa es otra historia, nada que ver con esta otra cínica, desvergonzada y sustanciosa milonga de la «violencia de género» que nos venden. Equipararlas –inventándose, además, una ley ad hoc, miserable, innecesaria e injusta, que presenta a todas las víctimas como verdugos–, es la perversa trampa feminista.

Autor

Antonio Cabrera

Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

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Colaborador y columista en diversos medios de prensa, es autor de numerosos estudios cuantitativos para la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF) en el marco del Comercio Exterior de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y de las Relaciones Bilaterales con EE.UU., así como con diferentes paises iberoamericanos y europeos elaborando informes de índole estratégica, científico-técnica, económica, demográfica y social.

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