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Juan Ramón Moscad Fumadó

El pacto entre el PSOE y CIUDADANOS: Apartado I.2 de Mercados e instituciones inclusivas para la igualdad de oportunidades

Las medidas económicas del pacto PSOE-Ciudadanos, citadas en el acuerdo alcanzado por el Psoe y Ciudadanos que se titula «ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO», son las siguientes: En el anterior artículo hablamos del Índice y del apartado I.1.

I. Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente.

1. Innovación, empresas y autónomos.
2. Mercados e instituciones inclusivas para la igualdad de oportunidades.
3. Transición energética y lucha contra el cambio climático.
4. Finanzas públicas.

Hoy hablamos del apartado I.2, que dice:

2. MERCADOS E INSTITUCIONES INCLUSIVAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Contra el capitalismo de amiguetes: buena regulación y fomento de la competencia

 Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las
regulaciones.

 Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dotándola de mayor independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán. La CNMC dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para
los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.

 Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales, revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos.

 Reorganizar la estructura institucional de la supervisión financiera, adoptando el modelo de dos pilares (twin peaks), uno para solvencia y otro para conductas, vigente ya en la mayor parte de los países de nuestro entorno. En concreto se plantea:
— La creación de una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de España, mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros (actualmente en la DGS del Ministerio de Economía y Competitividad, contraviniendo el requisito de independencia aceptado en todo el mundo) y de las Empresas de Servicios de
Inversión (actualmente supervisadas por la CNMV).
— La creación de la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros. Además, la nueva Autoridad se ocuparía de la
supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la UE) que actualmente desempeña el ICAC. Esta Autoridad mantendría un régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada íntegramente por tasas de la industria, fijadas por Ley.

Medidas de promoción de la economía social

 Transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública que permite la reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.

 Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social. Se apoyará a las Sociedades Laborales que destinen excedentes empresariales para que sus trabajadores pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.

 Reforma de la Ley de Cooperativas para hacer más operativo su funcionamiento económico y social. Se reformará la Ley de régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, actualmente desfasada por las distintas reformas fiscales, para recuperar la eficacia
tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

 Reforma de la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social (micro mecenazgo); así como para regular la figura del ¨endowment¨, o fondo fiduciario que se nutre de aportaciones de personas físicas o
jurídicas para una finalidad social específica.

 Creación de un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto al Registro único, sea un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.

 Regulación de la economía colaborativa: Se constituirá una Ponencia parlamentaria, que consultará con expertos, empresas e instituciones que representan la economía colaborativa para identificar los obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial incidencia en los ámbitos laboral y fiscal.

Medidas de defensa de los consumidores

 Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para convertirla en un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los consumidores de modo integral, que describa todos sus derechos y
precise los mecanismos para su protección efectiva.

 Integración en la CNMC de las competencias en materia de consumo tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE. De esta forma se unificarían en una misma agencia independiente de ámbito nacional las competencias en materia de defensa de la
competencia y de protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo.

 Fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada.

 Adoptar medidas para reducir el desperdicio de productos comestibles

 Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, incluida la eliminación completa de las cláusulas suelo.

 Reforzar la regulación de los préstamos no bancarios, entre particulares, para evitar los intereses usureros y abusivos, así como situaciones de fraude y estafa.

 Refuerzo de los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y usuarios para la reparación de sus derechos, creando un sistema de reclamaciones efectivo y eficaz, con un ámbito de aplicación amplio, frente a infracciones o abusos de las
empresas. Al mismo tiempo, se impulsará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.

Medidas para reforzar el gobierno corporativo

 Incorporar en la legislación correspondiente un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas que:
(i) refuerce el papel de la Junta de Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa;
(ii) separe las funciones de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria; y
(iii) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente independientes.

 Incorporar a la legislación actual fórmulas de representación de los trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las grandes empresas.

 Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxy Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de cuentas, transparencia y conflicto de intereses, entre otros.

 Revisar y hacer transparentes las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios. Obligar a las empresas a publicar indicadores de dispersión salarial en las cuentas anuales.

Mejoras en el funcionamiento de las administraciones públicas

Reforma de la Ley de contratos del sector público y sus disposiciones de desarrollo con el fin de:

 Endurecer los requisitos para garantizar la máxima concurrencia y transparencia a través del establecimiento de pactos de integridad de los licitantes, limitaciones estrictas al fraccionamiento de contratos y a las revisiones de costes.

 Incluir cláusulas equivalentes al Small Business Act de EEUU para reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES, incluidas las de nueva creación, con énfasis especial en la innovación y las actividades de reducción de la huella ecológica. En el diseño de estas cláusulas se incorporarán mecanismos para incentivar el crecimiento.

 Revisar los procedimientos de concesiones de obras públicas y de colaboración público-privada, particularmente en el ámbito de las infraestructuras, que incluya mejoras en los procedimientos de las licitaciones, en las obligaciones contractuales y en la distribución de los riesgos entre las partes, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales.

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Autor

Juan Ramón Moscad Fumadó

Ing. Técn. Industrial, Diplomado Empresa y Licenciado en CCEE y EE. Valencia. Tutor de Uned de Almansa. Ha trabajado en CTNE Barcelona y en Citesa (Alicante). Desde 1981 trabajó en la Central Nuclear de Cofrentes (Iberdrola) hasta 2014. Ha escrito libros de relatos: "Viajar es un placer, pero, viajar también te escalda" y "Stada Nova: La fórmula" en Editorial Trafford (Canadá), entre otros. Ha editado su CD "OTRAS FORMAS DE AMOR", como cantautor, etc

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Juan Ramón Moscad Fumadó

Ing. Técn. Industrial, Diplomado Empresa y Licenciado en CCEE y EE. Valencia. Tutor de Uned de Almansa. Ha trabajado en CTNE Barcelona y en Citesa (Alicante). Desde 1981 trabajó en la Central Nuclear de Cofrentes (Iberdrola) hasta 2014.  Ha escrito libros de relatos: "Viajar es un placer, pero, viajar también te escalda" y "Stada Nova: La fórmula" en Editorial Trafford (Canadá), entre otros. Ha editado su CD "OTRAS FORMAS DE AMOR", como cantautor, etc

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