La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado en calidad de investigado al presidente del canal de televisión venezolano Globovisión

La justicia española sentará en el banquillo al empresario chavista Raúl Gorrín por el saqueo a PDVSA

La justicia española sentará en el banquillo al empresario chavista Raúl Gorrín por el saqueo a PDVSA
Raúl Gorrín PD

La justicia de España presiona a uno de los empresarios chavistas más populares dentro como fuera de Venezuela. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado en calidad de investigado al presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, en el marco de la causa que investiga a ex altos cargos ‘chavistas’, funcionarios y empresarios de ese país latinoamericano por integrar supuestamente una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras empresas públicas y el posterior blanqueo de esos fondos.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha convocado a Gorrín el próximo 26 de febrero a las once de la mañana. Es la primera diligencia que lleva a cabo la magistrada desde que asumió a finales del año pasado esta causa, que comenzó investigando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Gorrín habría sido quien solicitó estar presente en la causa después de que el juez de Madrid dictara un auto en el que acordó embargarle fincas de las que es propietario en España. Sin embargo, no está previsto que comparezca en la Audiencia Nacional, ya que también está buscado por Estados Unidos por delitos de corrupción e incluido en la lista de los más buscados.

Blanqueo a gran escala

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín está acusado de nueve cargos de blanqueo por haber pagado supuestamente millones de dólares en sobornos a dos altos cargos venezolanos, incluido el extesorero nacional Alejandro Andrade, para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

Además de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrín habría pagado gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, añade la Justicia norteamericana, realizó pagos a través de múltiples empresas fantasma.

La causa que ahora está en manos de la juez Tardón tiene su origen en una denuncia interpuesta hace más de dos años en la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de soborno a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Los viceministros de Chávez

Los beneficios de la supuesta defraudación estarían aflorando en parte en España, donde residen, además, varios de los imputados. Hasta el momento, la investigación suma más de una veintena de investigados, incluidos dos exviceministros venezolanos, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, y el exjefe de seguridad de PDVSA Rafael Reiter.

Para el 26 de febrero, la magistrada también ha citado al investigado José Roberto Rincón Bravo para el nombramiento de administrador judicial de ‘La Losilla’, una finca ubicada en el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés que fue bloqueada por el juez tras su detención en 2018.

Según las pesquisas, los bienes que la familia de Rincón Bravo –su padre fue directivo de PDVSA y está detenido en Estados Unidos– posee en España procederían de las irregularidades cometidas en la petrolera estatal venezolana, por lo que sus cuentas fueron bloqueadas por orden judicial.

Por último, la juez ha citado también en calidad de testigo a Ceciree Carolina Casanova, exgerente de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD), y propietaria de empresas que comparten domicilio social con sociedades del exviceministro imputado Javier Alvarado Ochoa.

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