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‘Pacto de la Vaselina’: El Gobierno Sánchez filtra a ERC el informe de la Abogacía antes de que se haga público

'Pacto de la Vaselina': El Gobierno Sánchez filtra a ERC el informe de la Abogacía antes de que se haga público
Un meme de Pedro Sánchez y sus cesiones ante los independentistas catalanes. PD

Produce sonrojo, pero esta es la España que tenemos.

Desde hace dos semanas, Pedro Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado a un test de estrés y dominio tan intenso que forzó este 29 de diciembre de 2019  a la Asociación que agrupa a estos juristas a emitir un comunicado para reivindicar su profesionalidad, y su sumisión a la legalidad, para no aparecer como un Cuerpo del Estado humillado a los designios del Gobierno en funciones.

El claudicante Sánchez ha conseguido que la Abogacía parezca un colectivo a su servicio, y no un cuerpo relevante de expertos capaces de poner al Estado por encima de los caprichos del Gobierno de turno.

Como denuncia el diario ‘ABC’, Moncloa ha filtrado el informe de la Abogacía del Estado, que no se hará público hasta este lunes 30 de diciembre, a ERC, lo que ha allanado el camino de la investidura de Sánchez, ya que el acuerdo parece inminente.

Sólo hay un calificativo: vergonzoso. ERC, un partido cuyos líderes están en la cárcel por un delito de sedición; esto es, por subvertir el orden constitucional y el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, conoce ya el informe de la Abogacía del Estado y ha dado el visto bueno a la investidura de Sanchez, cuyo nivel de indignidad política no tiene precedentes en la democracia española.

La filtración del informe a los golpistas supone que la institución encargada de defender al Estado ha sido conminada a entregar el Estado a los separatistas.

La Abogacía del Estado negó presiones e injerencias en un comunicado. Después de conocer que el informe ha sido filtrado cabe esperar que emitan otro denunciando el chivatazo.

Si quieren ser creíbles no tienen otra salida.

Que la Abogacía sea un cuerpo dependiente del Gobierno no significa que esté obligado a pervertir la letra y el espíritu de la ley siguiendo las instrucciones de ningún ministerio, y menos aún de la presidencia del Gobierno.

Nadie tiene patente de corso para pervertir la ley, ni debe vulnerarse la legalidad para satisfacer las ambiciones políticas de ningún aspirante a presidente, o para servir como «gesto» para convencer a un partido que pretende destruir el orden constitucional. Lo que está haciendo Moncloa es escandaloso.

Es cierto que el Tribunal de Justicia de la UE ha modificado su doctrina respecto a los cargos electos en el Parlamento europeo, y también lo es que en primavera Oriol Junqueras pudo gozar de inmunidad para formalizar su acta de europarlamentario.

Sin embargo, su situación procesal ha cambiado drásticamente desde entonces: es un condenado en firme y retrotraer sus derechos carece de sentido porque actualmente, lo diga el Tribunal de Luxemburgo o no, pesa sobre él una condena de prisión e inhabilitación para ejercer todo tipo de cargo público. Pretender, como ha hecho el independentismo, que ese fallo invalida el proceso penal es absurdo.

Y presionar para que la Abogacía lo perciba de esa manera es casi prevaricador. Cuando los abogados del Estado sostienen en un comunicado oficial que no se someterán a presión alguna es llanamente porque alguien -y solo puede ser La Moncloa- está presionando a la institución. Y eso no es democrático.

Todo en España está ahora mismo supeditado a satisfacer al separatismo catalán para investir a Sánchez a toda costa, aunque las costuras del Estado de derecho estén al límite. Sánchez ha sojuzgado cualquier criterio crítico dentro del PSOE, ha negociado con los comunistas un proyecto de Gobierno que nadie conoce, y ahora adopta una pose de sumisión a ERC.

Por eso, salvaguardar la dignidad del Estado se ha convertido en una necesidad imperiosa.

 

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